Infancia y adolescencia migrante no acompañada

Introducción

En los últimos años, España ha visto un aumento considerable en el número de menores extranjeros no acompañados (MENAS: Desmontando bulos sobre los niños y niñas migrantes en situación de desamparo (amnesty.org)). Estamos hablando de chicos y chicas menores de 18 años, inmigrantes, que se encuentran separados de sus padres y no están bajo el cuidado de ningún otro adulto en España.

El aumento del número de MENAs está provocando desafíos administrativos y sociales, requiriendo la coordinación entre el gobierno central y las distintas comunidades autónomas. Regiones como Canarias se encuentran especialmente impactadas, albergando actualmente a 4.461 MENAs bajo la tutela del gobierno regional y disponiendo de 58 dispositivos habilitados para garantizar su atención y bienestar (Portal de Noticias del Gobierno de Canarias).

Contexto de la inmigración de menores en España

La llegada de menores extranjeros no acompañados a nuestro país es un fenómeno que ha crecido significativamente en los últimos años. Este fenómeno está motivado por una combinación de varios factores que empujan a estos menores a abandonar sus países de origen en busca de seguridad, oportunidades y una vida mejor. Entre las causas principales se encuentran los conflictos armados, que expulsan a miles de personas de sus hogares, las condiciones de extrema pobreza y la búsqueda de mejores oportunidades económicas. En muchas ocasiones, estos menores provienen de países africanos como Marruecos, Argelia y otras naciones de África Negra, donde los niveles de desarrollo y las oportunidades de futuro son muy limitadas. En sus relatos ante profesionales que les acompañan, hay un denominador común: familias desestructuradas que no son capaces de proteger a sus hijos. Según UNICEF, “aunque algunos puede que hayan perdido a sus padres o familiares por culpa de la violencia, en muchos de los casos la familia continúa en el país de origen. Habitualmente provienen de familias numerosas con pocos recursos. Abandonan a su familia y su país en busca de una oportunidad, de un futuro mejor” (Niños, extranjeros y solos en España: cuando la desprotección se multiplica por tres (unicef.es)).

Las rutas migratorias

Las rutas migratorias que utilizan estos menores no acompañados son diversas y peligrosas. Muchos optan por cruzar el Estrecho de Gibraltar o bordear el Mar Mediterráneo en embarcaciones precarias, lo cual representa un riesgo significativo para sus vidas. Otros intentan llegar a España a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, donde se enfrentan a numerosos peligros y a menudo a situaciones de explotación por parte de las mafias que controlan estos flujos migratorios (Movilidad Humana en España - Bubok).

Evaluación de necesidades

En las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la evaluación de necesidades comienza con el primer contacto de los niños con la Policía Nacional y la Policía Local. Una vez identificado un caso que requiere intervención, los niños son derivados a un centro de primera acogida. Aquí, profesionales especializados en la atención infantil realizan una evaluación más profunda y detallada. Este proceso de evaluación en el centro incluye un enfoque multidisciplinar que involucra a psicólogos, trabajadores sociales y educadores, con el fin de abordar todas las dimensiones del bienestar del menor (Ceuta pide "socorro" al Gobierno de la Nación para evitar convertirse en una "cárcel" (ceutaldia.com)).

En los territorios donde se producen llegadas por vía marítima, las medidas iniciales de identificación comienzan en el momento de la recepción. Después de la recepción inicial y el triaje sanitario, los inmigrantes son trasladados a las comisarías o a los Centros de Atención Temporal de Extranjeros. En estos lugares, se realizan diversas actividades de filiación y reseña. Durante las actividades de filiación y reseña, la Policía Nacional tiene la obligación de identificar a personas con necesidades de protección internacional. Este paso es especialmente importante para reconocer y dar apoyo a posibles niños no acompañados, quienes son particularmente vulnerables. No cabe duda de que la identificación precisa y temprana de estos menores permitiría que se tomen las medidas necesarias para su protección y asistencia. Lo cierto es que los profesionales que intervienen en el diseño de itinerario de inserción sociolaboral de estos menores detectan nombres mal transcritos, edades incorrectas, y ante la duda, las autoridades españolas tienden a considerar a estos menores como mayores de edad.

La situación específica en Canarias

La Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra en una posición geográfica estratégica que la convierte en uno de los principales destinos de menores extranjeros no acompañados (MENAs) que llegan a España. Actualmente, Canarias alberga a 4.461 menores bajo tutela del gobierno regional, distribuidos en 58 dispositivos distintos diseñados para gestionar su atención y bienestar (Portal de Noticias del Gobierno de Canarias).

Los recursos disponibles en Canarias abarcan tanto infraestructuras físicas como personal especializado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno regional, la capacidad de respuesta está siendo puesta a prueba debido al incesante flujo de llegadas. Los centros de acogida se enfrentan a problemas de sobrecarga, lo que dificulta el mantenimiento de estándares adecuados de atención y protección para los menores. Al mismo tiempo, las condiciones de acogida varían significativamente entre diferentes dispositivos, con algunos ofreciendo instalaciones modernas y adecuadamente equipadas, mientras que otros se encuentran en situaciones precarias.

El gobierno regional colabora con distintas ONG y organismos internacionales para mejorar la situación, pero las limitaciones presupuestarias y logísticas siguen suponiendo un gran obstáculo. La presión ejercida por esta situación ha llevado a Canarias a demandar un reparto más equitativo de los esfuerzos a nivel nacional para aliviar la sobrecarga en sus infraestructuras y recursos humanos.

Disputas entre el gobierno central y las comunidades autónomas

La gestión de los menores extranjeros no acompañados (MENAs) en España ha generado significativas tensiones entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Estas disputas suelen centrarse en la financiación, la distribución de recursos y la coordinación administrativa.

El gobierno central, bajo cuya responsabilidad recae la política de inmigración, establece las normativas generales y provee algunos recursos para la gestión de los MENAs. Sin embargo, las competencias de tutela y protección de estos menores legalmente corresponden a las comunidades autónomas, generando a menudo conflictos sobre la adecuada dotación económica necesaria para atender a estos menores de manera efectiva. Las comunidades autónomas frecuentemente argumentan que los fondos asignados por el gobierno central son insuficientes para cubrir los costos reales asociados a la atención integral de los MENAs (Doce comunidades no recibieron a ninguno de los menores migrantes que pactaron acoger pese a los fondos concedidos (eldiario.es)).

Otro punto de desacuerdo se centra en la distribución de recursos. Algunas comunidades autónomas, que reciben un mayor número de menores debido a sus ubicaciones geográficas, insisten en que debería haber un sistema más equitativo de distribución de los menores y los recursos correspondientes.

La falta de coordinación también es fuente de constantes fricciones. La transferencia de competencias sin un plan coordinado y cohesivo entre las distintas administraciones ha generado desorganización y respuestas inconsistentes en la atención de los MENAs. Como ejemplo, en 2020, la Comunidad de Madrid y el gobierno central entraron en conflicto respecto a la capacidad de acogida de nuevos menores, señalando la ineficacia de los mecanismos de transferencia y coordinación existentes.

Estos conflictos no solo afectan administrativamente, sino que tienen un impacto directo en la gestión y protección de los MENAs, generando problemas de accesibilidad a servicios básicos y provocando disparidades en la calidad de atención según la región. Resolver estas discrepancias es fundamental para garantizar que todos los menores reciban la protección y los cuidados que necesitan.

Impacto en la vida de los menores sin documentación

El error en la identificación de menores como mayores de edad debido a la falta de documentación o la presentación de documentos no creíbles tiene consecuencias profundas en la vida de estos jóvenes. Esta situación afecta significativamente su acceso a servicios esenciales, incluyendo el empadronamiento, la educación y los servicios de salud, pilares fundamentales para su desarrollo y bienestar.

En términos de empadronamiento, la identificación errónea como mayor de edad puede impedir la inscripción en el registro municipal. Esto les priva de derechos básicos y de la posibilidad de acceder a servicios sociales, impidiendo un nivel de vida digno. La educación, otro aspecto importante, también se ve gravemente afectada. Muchos de estos menores se encuentran sin acceso a la escolarización obligatoria, dejando un vacío en su formación académica y limitando sus oportunidades futuras.

El acceso a los servicios de salud es otra área donde estos menores enfrentan serios obstáculos. La identificación incorrecta limita su derecho a recibir atención médica adecuada, lo cual es especialmente crítico para aquellos que puedan necesitar cuidados especializados o continuos. Esta carencia no solo pone en riesgo su salud física sino también su salud mental, agudizando las dificultades emocionales y psicológicas que ya enfrentan.

Desde una perspectiva emocional, los menores sin documentación sufren una desautorización sistemática de sus identidades y edades reales. Esta desautorización puede llevar a problemas de autoestima, ansiedad y estrés, complicando aún más su adaptación social. La sensación de ser invisibles y desamparados en su entorno agrava su vulnerabilidad, y la constante incertidumbre sobre su futuro incrementa su desesperanza y la posibilidad de ser captados por mafias para ejercer la prostitución y el tráfico de drogas (Vista de Menores extranjeros en riesgo (comillas.edu)).

Procedimientos de determinación de la edad

En el caso de que un menor que aporte documentación considerada válida o tenga apariencia clara de menor de edad quedará bajo la tutela de la Comunidad Autónoma que deberá garantizar su protección y amparo. Sin embargo, el problema está cuando estos menores extranjeros no acompañados no tienen documentación o no se considera válida y existen dudas sobre su edad. Es en estos casos cuando se inician los procedimientos de determinación de la edad porque sin una verificación precisa de la edad, es imposible garantizar que los menores migrantes reciban el trato y los derechos que les corresponden según la legislación internacional y nacional.

El protocolo de determinación de edad para menores migrantes no acompañados en España se basa en una serie de procedimientos meticulosamente establecidos para garantizar la precisión y respeto a los derechos humanos. Inicialmente, se emplean pruebas médicas específicas, donde las radiografías de la muñeca y clavícula juegan un papel fundamental. Estas pruebas buscan determinar el grado de desarrollo óseo del menor, ofreciendo una estimación de su edad biológica. Sin embargo, es fundamental señalar que estas técnicas no están exentas de controversias debido a su margen de error y variabilidad entre individuos.

Además de las pruebas médicas, también se realizan evaluaciones psicológicas y entrevistas personales. Estos encuentros buscan obtener una visión más completa del menor, considerando elementos de su comportamiento, desarrollo emocional, y experiencias de vida que podrían influir en su aparente edad. Las evaluaciones psicológicas son llevadas a cabo por profesionales especializados que valoran la madurez cognitiva y emocional del menor, pero no siempre son tenidos en cuenta a la hora de emitir el decreto fiscal.

¿Nuestra Policía está formada para emitir el criterio de dudas razonables?

Cuando las autoridades tienen “dudas razonables” para cuestionar la autenticidad de los documentos presentados o la edad declarada por el menor extranjero, se opta por aplicar el protocolo de determinación de edad. Estas dudas pueden surgir tanto por la apariencia física del menor como por inconsistencias en su historia.

En la mayoría de los casos es la Policía quien determina si hay una duda razonable (desconozco si estos funcionarios están adecuadamente formados en este aspecto concreto). Lo cierto es que esta consideración pone en marcha el protocolo para determinar la edad del menor, que se basa primero en la realización de unas pruebas médicas para que luego la Fiscalía adopte una decisión final en forma de expediente teniendo en cuenta la evaluación médica. Durante este proceso, los migrantes evaluados permanecen en centros de menores.

Pruebas para determinar la edad del menor extranjero no identificado

El protocolo establece que hay que realizar varias radiografías a la persona evaluada para "determinar el grado de maduración ósea o dental" aunque no especifica si son todas obligatorias y deja la decisión sobre qué pruebas hacer en manos del facultativo. La radiografía que suele realizarse primero es la del carpo izquierdo de la muñeca y luego se procede con una ortopantomografía, es decir, una radiografía del tercer molar (la llamada muela del juicio).

En los casos dudosos, se realiza una tercera prueba, que consiste en una radiografía de "la unión de la clavícula con el esternón". Lo cuenta en una entrevista en noviembre con el programa Por Tres Razones de RNE la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, María José Meilán: "Una vez que tenemos eso, analizando los datos hacemos el informe de determinación de la edad y se envía a la Fiscalía y la Fiscalía toma la decisión que tenga que tomar". Es en última instancia la Fiscalía de menores la encargada de determinar si el menor evaluado ha alcanzado o no la mayoría de edad.

¿Hay menores categorizados como mayores de edad y a la inversa?

Las organizaciones especializadas en protección de la infancia señalan que en España se registran casos de menores que por error están categorizados como si tuvieran la mayoría de edad y también casos de adultos que están alojados en centros para niños tutelados.

La categorización errónea de menores como adultos y de adultos en centros para menores plantea serios desafíos para el sistema de protección infantil en España. Las administraciones competentes deben continuar trabajando para identificar y corregir estos errores, asegurando que cada persona reciba la protección y el apoyo adecuado según su edad y situación. Solamente a través de una coordinación efectiva y de medidas preventivas robustas se podrán mitigar los riesgos asociados y garantizar el bienestar de todos los involucrados.

El principio del “interés superior del menor”

El principio del “interés superior del menor” se erige como un pilar fundamental en el ámbito de la protección de menores, configurando las decisiones legales y administrativas alrededor de su bienestar.

La protección del interés superior del menor es un principio fundamental en los procesos de determinación de edad, con objetivos claros a seguir. El primer objetivo es evitar que los menores sean tratados como adultos contra su voluntad, garantizando así su permanencia en el sistema de protección institucional diseñado específicamente para ellos.

El segundo objetivo busca prevenir que adultos se hagan pasar por menores, lo cual podría perjudicar a los auténticos menores. Esta estrategia es esencial para mantener la integridad del sistema de protección y asegurar que los recursos y servicios se destinen efectivamente a quienes los necesitan.

Conclusiones

Las disputas políticas en torno a la gestión de los menores extranjeros no acompañados en España plantean serios desafíos al interés superior del menor, un principio rector consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Las demoras en la atención y la falta de recursos adecuados son dos de las consecuencias más notables de estos conflictos que ocasionan que muchos de estos menores no reciban la atención médica, psicológica y educativa necesaria. Los derechos a la educación y a recibir un trato humano y digno están siendo comprometidos, lo cual tiene repercusiones adversas a largo plazo. No solamente se ven imposibilitados de acceder a un desarrollo integral, sino que también enfrentan serios obstáculos para su integración en la sociedad española.

Las rivalidades políticas también afectan negativamente la percepción pública sobre estos menores, alimentando estigmatizaciones y prejuicios que dificultan aún más su integración. Los menores se convierten en víctimas de discusiones que deberían centrarse en respetar y garantizar sus derechos fundamentales. Esto socava la posibilidad de establecer programas de inclusión social eficaces, esenciales para su bienestar futuro.

Finalmente, la presencia de menores extranjeros no acompañados requiere de una respuesta coordinada y basada en el principio del interés superior del menor. Para asegurar una integración exitosa y preservar su bienestar, es necesario que las instituciones de gobierno superen las disputas y trabajen en conjunto, focalizando sus esfuerzos en proteger los derechos y necesidades de estos niños y adolescentes vulnerables.